El nuevo impuesto del 3.5% sobre las remesas enviado desde Estados Unidos, aprobado por la Cámara de Representantes como parte del proyecto "One Big Beautiful Bill", ha generado preocupación por su impacto económico y social en México y otras naciones latinoamericanas.
📉 Impacto económico en México
México, que en 2024 recibió más de 62,500 millones de dólares en remesas—equivalentes al 3.5% de su PIB—será uno de los países más afectados. Se estima que el nuevo gravamen podría representar una pérdida de más de 2,700 millones de dólares anuales para las familias mexicanas . Estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Zacatecas, donde las remesas constituyen más del 10% del PIB local, enfrentarán mayores desafíos económicos.
🧑🌾 Afectación a comunidades migrantes
El impuesto impactará principalmente a inmigrantes indocumentados, pero también afectará a trabajadores con visas temporales y personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). En regiones como Florida Central, donde muchos inmigrantes envían dinero regularmente a sus familias, la medida ha generado preocupación y podría reducir la cantidad de dinero enviado.
🔄 Alternativas y riesgos
Ante el nuevo impuesto, algunos migrantes están considerando métodos alternativos para enviar dinero, como el uso de criptomonedas, transferencias en efectivo y plataformas fintech. Sin embargo, estas alternativas pueden conllevar riesgos legales y de seguridad, y podrían fomentar el uso de canales informales o ilícitos .
Respuesta del gobierno mexicano
El gobierno de México ha expresado su rechazo al impuesto, argumentando que podría violar acuerdos bilaterales y representar una forma de doble tributación. Además, se están explorando medidas para mitigar el impacto, como la reducción de comisiones por envío de remesas y la promoción de plataformas digitales más accesibles .
⚖️ Consideraciones políticas y legales
Expertos señalan que el impuesto podría ser contraproducente, ya que incentivaría el uso de canales no regulados para el envío de dinero, reduciendo la capacidad de supervisión y recaudación fiscal del gobierno estadounidense . Además, existe la posibilidad de que la medida enfrente desafíos legales por su impacto en comunidades vulnerables y su posible inconstitucionalidad.
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