La propuesta del Congreso de Estados Unidos de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes ha generado una fuerte oposición tanto en México como entre legisladores hispanos en EE.UU. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha calificado la medida como discriminatoria y violatoria de tratados internacionales, señalando que representa una doble tributación para los migrantes que ya pagan impuestos en EE.UU.
En respuesta, el gobierno mexicano ha iniciado una ofensiva diplomática, incluyendo reuniones del embajador Esteban Moctezuma y una delegación de senadores mexicanos con congresistas estadounidenses para exponer los argumentos en contra del gravamen.
Expertos advierten que la implementación de este impuesto podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, aumentando el riesgo de lavado de dinero y fortaleciendo las finanzas del crimen organizado.
Además, la medida afectaría significativamente a la economía mexicana, ya que las remesas representan una fuente clave de ingresos para el país, superando exportaciones agrícolas, turísticas y petroleras, con más de 64.745 millones de dólares recibidos en 2024.
La propuesta también ha sido criticada por congresistas hispanos en EE.UU., quienes consideran que perjudica a millones de inmigrantes y podría agravar la migración irregular que se pretende combatir.
En este contexto, es fundamental que se mantenga el diálogo y la cooperación entre ambos países para encontrar soluciones que no perjudiquen a las comunidades migrantes ni a las economías involucradas.
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